Justicia Petrolera

El 2020 ha sido un año terrible para el Ecuador, especialmente para 120,000 personas de 105 comunidades indígenas y para la naturaleza, quienes en plena pandemia fueron víctimas de un derrame de aproximadamente 15,000 barriles de hidrocarburos en los ríos Coca y Napo, afectando sus derechos humanos -agua, alimentación, ambiente sano y salud- y los derechos de la naturaleza que nuestra Constitución protege. Recientemente, tuve la oportunidad de visitar a una de las comunidades Kichwa afectadas del río Coca, los Toyucas, donde me relataron sus testimonios.

Salvina, miembro de la comunidad, me dijo que nunca fueron notificados del desastre -causado por deslizamientos de tierra luego de un periodo de lluvias- y que se dieron cuenta de lo sucedido por 4 motivos: el fuerte olor a combustible proveniente del río, las marcas de irritación en la piel de los jóvenes que jugaban en la zona, la repentina muerte de los pescados y los cultivos y cambios en el cauce del río. Los efectos del derrame siguen presentes hasta el día de hoy, afectando su vida cotidiana. Por otro lado, Nancy, otra miembro de la comunidad, me explicó que las organizaciones responsables, como Petroecuador, reconocieron el derrame y enviaron escasos kits de ayuda solo cuando ya no lo podían seguir ocultando. Salvina y Nancy me contaban que el río es como su supermercado y que sin él, quedaron desamparadas. 

La acción de protección que los afectados interpusieron en el mismo mes que ocurrió el hecho fue negada luego de una cuestionable espera de 5 meses. El surreal argumento que dio la justicia es que no se pudo demostrar la vulneración de derechos, demostrando que en el país no solamente hemos tenido una justicia cuya tendencia ha sido ignorar los crímenes de la industria petrolera relacionados al manejo de dinero, sino también a los crímenes de esta misma industria contra los más básicos derechos que nuestra Constitución protege. Por supuesto, los afectados planean apelar la decisión. Un sector del Estado, como Petroecuador, vulnera nuestros derechos y otro sector, como la justicia, se encarga de permitirlo. Mientras tanto, los Toyucas siguen sin agua, alimento, ambiente y salud adecuada.